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ACTUALIDAD

Investigación sobre el estado actual de cumplimiento y violación de este deber.

Todos

¿Sabías que tienes la obligación de actuar contra la violación de los derechos humanos?

He colgado una noticia en la que se cuenta que un inmigrante ha defendido a una mujer maltratada… “cuando podría haber dado media vuelta”… y después he añadido el texto original que escribió un amigo mío al encontrarse en una situación parecida…

¿Cómo? ¿Qué podría haberse dado la vuelta? No, amigos, no

Ese hombre, independientemente de ser inmigrante o no, tenía la obligación de hacer lo que ha hecho… pero claro, como lo ha hecho, se le considera un héroe, como algo muy raro y digno de admirar… cuando se supone que en realidad es lo que todo el mundo debería saber hacer sin pensarlo, sin dudarlo, porque se supone que todo el mundo debería tener completamente admitido ya que tiene ciertas obligaciones…

amnistia

Tras analizar casos concretos, me dispondré a llevar a cabo una campaña de concienciación, porque aunque no pueda cambiar el mundo, creo que puedo cambiar el mundo que me rodea… y poco a poco, haremos que la gente se vaya concienciando de que tiene ciertas obligaciones y responsabilidades… de que lo bueno no es salvar a alguien, si no que lo malo es no ayudarlo, porque tienes que hacerlo.

Me parece “mal”, por decirlo así, que tengan que existir plataformas para pedir ayuda, para pedir que la gente cumpla sus deberes… y poco menos tienen que pedir rogando que les ayuden a vencer la ciolación de los derechos humanos…

Intentemos que este presente, dentro de poco, se convierta en un pasado de esos que se miran desde lejos como diciendo… “¿cómo puede ser que antes existira eso?

NO!

—————————————————–

La actualidad de este deber, considero que tiene mucho que ver con qué han conseguido los integrantes de AMNISTÍA INTERNACIONAL, pues… si han conseguido eso… quiere decir que nos queda menos trabajo por recorrer, aunque mucho por delante…

Texto copiado directamente de la página de Amnistía Internacional:

Desde su fundación Amnistía Internacional ha conseguido importantes avances en el respeto de los derechos humanos:

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A nivel internacional…

… y en España

NO CRIMEN

UNA MIRADA RÁPIDA AL INFORME 2009 DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El Informe 2009 de Amnistía Internacional pone de relieve el hecho de que el mundo está en plena crisis de derechos humanos. Estamos sentados sobre una bomba de relojería social, política y económica que estallará si no se resuelven los problemas relacionados con los derechos humanos.

Miles de millones de personas en todo el mundo están sufriendo inseguridad, injusticia e indignidad, y, aunque muchos aspectos de esta crisis preceden al declive económico, es evidente que la coyuntura financiera mundial está multiplicando sus efectos adversos.

Más personas se han visto arrastradas a la pobreza y expuestas a un peligro mayor de sufrir violaciones de derechos humanos. En África, la crisis alimentaria, rasgo distintivo de 2008, afectó de manera desproporcionada a los grupos vulnerables. En Asia, con la drástica subida del coste de los alimentos, los combustibles y otros productos en 2008, millones de personas han pasado a engrosar la población que ya vivía en la pobreza.

En Oriente Medio y el Norte de África, la crisis económica y la subida del precio de los alimentos afectaron a quienes ya eran pobres o estaban muy cerca de serlo, mientras que en Europa, varios Estados reclamaron la intervención del Fondo Monetario Internacional para que apoyara sus economías. En toda la región, las diferencias entre ricos y pobres siguieron siendo abismales.

También ha quedado patente una mayor represión derivada de la recesión: las protestas generadas por la pobreza, la desigualdad económica o la falta de justicia se reprimen brutalmente.

En 2008, muchos gobiernos continuaron desoyendo las voces de la población pobre y marginada. En América Latina y el Caribe, donde más de 70 millones de personas viven con menos de un dólar al día, la pobreza, la desigualdad y la discriminación han hecho que aumente el número de personas pertenecientes a comunidades indígenas privadas del derecho a asistencia médica, educación, agua limpia y vivienda adecuada.

Al hacer caso omiso de los derechos humanos, los gobiernos ponen en situación de peligro a la población. En Myanmar, las autoridades bloquearon inicialmente la ayuda internacional destinada a 2,4 millones de sobrevivientes del ciclón «Nargis» y, al mismo tiempo, desviaron recursos para promocionar un referéndum viciado sobre una constitución viciada.

Empresas y gobiernos continuaron enriqueciéndose a costa de la población más marginada. En Nigeria, en la vasta región rica en minerales del delta del Níger, el derecho de la población a la salud y a un nivel de vida adecuado se vio socavado en 2008 por la contaminación generalizada asociada a la industria del petróleo, con un trasfondo de homicidios y torturas por parte de las fuerzas de seguridad.

Al no considerar los derechos humanos un asunto prioritario, los líderes mundiales no han abordado una pieza fundamental de la solución para conseguir estabilidad política y económica a largo plazo. El G-20 reclama para sí el liderazgo mundial, pero el compromiso de sus miembros con los derechos humanos dista de ser claro y demuestra que no invierten lo suficiente en derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional documentó en 2008 casos de tortura y otros malos tratos en 14 países miembros del G-20.

China endureció las medidas represivas en todo el país contra defensores de los derechos humanos, practicantes de cultos religiosos, minorías étnicas, periodistas y profesionales de la abogacía en el periodo previo a las Olimpiadas de Pekín y durante su celebración. China es, además, el primer ejecutor del mundo.

En Estados Unidos, el gobierno de Obama tuvo un buen comienzo con las medidas destinadas a acabar con las prácticas de la tortura y la detención secreta a largo plazo por parte de la CIA y a cerrar Guantánamo antes de enero de 2010. Sin embargo, Estados miembros de la Unión Europea siguen mostrándose reacios a admitir su complicidad con la CIA en la entrega extraordinaria de presuntos terroristas. Estados como Alemania, Dinamarca, España, Italia y Reino Unido aceptaron “garantías diplomáticas” imposibles de aplicar, como justificación para expulsar a presuntos terroristas a países donde corrían peligro de tortura y otros malos tratos.

En Brasil se llevaron a cabo operaciones policiales en comunidades urbanas empobrecidas que conllevaron uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, torturas y conducta abusiva. Sudáfrica obstaculizó la presión internacional sobre Zimbabue para que pusiera fin a la persecución política. Arabia Saudí encarcela a disidentes políticos, coarta los derechos de las mujeres y de trabajadores migrantes y aplica profusamente la pena de muerte. Rusia sigue permitiendo la detención arbitraria y la tortura y, en el Norte del Cáucaso, tanto las ejecuciones extrajudiciales como el hostigamiento y los ataques contra defensores de los derechos humanos.

En Japón aumentó el número de ejecuciones y los reclusos soportaban largos periodos de reclusión en régimen de aislamiento y sin acceso adecuado a asistencia médica.

El mundo necesita líderes que trabajen para todas las personas y no solamente para unas pocas, y que aleje a los Estados del mezquino interés propio y los acerque a la cooperación multilateral.

El mundo necesita un New Deal (Nuevo Trato) mundial sobre derechos humanos

Sólo es posible abordar las consecuencias de la crisis económica mediante una respuesta global coordinada que esté basada en los derechos humanos y el Estado de derecho.

Los líderes mundiales deben invertir en derechos humanos con el mismo empeño que invierten en crecimiento económico. A quienes se sientan en la mesa presidencial del mundo les corresponde dar ejemplo con su propia conducta. Y a la ciudadanía nos corresponde, como titulares de derechos, presionar a nuestros líderes políticos para que se sientan impulsados a actuar.

Con el lanzamiento de su campaña “Exige Dignidad“, Amnistía Internacional pretende hacer frente a la peor crisis mundial de derechos humanos de la historia. Trabajaremos juntos para abordar los abusos contra los derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan, a fin de empoderar a las personas que están presas de la pobreza para que cambien su vida.

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS… ellos saben que tienen la obligación de impedir la violación de los derechos humanos… ¿y tú?

 

El 9 de diciembre de 2008 se conmemoró el décimo aniversario de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU. Ese día de 1998, los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocieron el derecho a defender los derechos humanos y, por extensión, su responsabilidad de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y hacer posible el desempeño de su labor.

El trabajo con y por los defensores y defensoras de los derechos humanos ha sido fundamental en la labor de Amnistía Internacional desde los inicios de la organización. En 2008 prestamos una atención constante a casos individuales de defensores y defensoras, además de realizar análisis regionales de las dificultades con que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos.

Para conmemorar el aniversario de la Declaración, Amnistía Internacional llevó a cabo una campaña transregional a fin de centrar la atención sobre defensores y defensoras de toda la gama de derechos humanos –desde las mujeres que en Nicaragua defienden los derechos de las mujeres a la vida y a la salud hasta los abogados de derechos humanos de Vietnam y los sindicalistas de Turquía– y sobre las constantes amenazas y retos a los que se enfrentan en el desempeño de esta labor legítima y esencial.

Las actividades que realizan estas personas y tantos otros defensores y defensoras en todo el mundo tienen como objetivo salvar la distancia que existe entre la promesa de justicia e igualdad de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la realidad de los abusos contra los derechos humanos que continúan perpetrándose hoy.

El trabajo que Amnistía Internacional llevó a cabo con y por los defensores y defensoras de los derechos humanos durante 2008 se basó en nuestro reconocimiento de la importancia crucial de la labor que realizan para lograr derechos humanos para todos y en el reto que para todos nosotros sigue suponiendo la defensa de quienes defienden los derechos humanos.

A continuación, nos acercaremos más al mundo que nos rodea, voy a centrarme en lo que nos dice el informe sobre Europa y Asia Central. no subiré todo el informe porque es muy largo, en su lugar subiré la conclusión del mismo:

Pese a los preocupantes acontecimientos que ponían trabas a la realización plena de los derechos humanos para todas las personas que vivían en Europa y Asia Central, en 2008 se dieron algunos pasos en la dirección correcta que deben seguirse en los próximos años. Como muestra de una tendencia positiva constante, Uzbekistán abolió la pena demuerte, uniéndose así a sus vecinos y dejando en cambio a Bielorrusia como el único país que llevaba a cabo ejecuciones, no sólo de toda Europa, sino también de toda Asia Central.

En octubre, el ministro de Justicia turco, en la primera declaración que hacía de esa índole, se disculpó con la familia de un hombre que había muerto bajo custodia y reconoció que su muerte podía haberse debido a tortura. Fue todo un avance en el camino hacia la rendición de cuentas, y debe ir seguido de otros semejantes.

En toda la región, muchos autores de abusos siguieron eludiendo la acción de la justicia; sin embargo, la detención y entrega del ex dirigente serbobosnio Radovan Karadžić a las instituciones de justicia internacional fue un avance significativo en la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia. Ahora el reto consiste en reproducirlo en el plano local, donde los intentos parciales o insuficientes de los tribunales nacionales han sido con excesiva frecuencia la causa o la razón de que la impunidad persista en los Estados balcánicos resultantes de la escisión.

Con harta frecuencia, Europa no ejerció el liderazgo político necesario para garantizar la protección de los derechos humanos en la región, y muchos de sus Estados tampoco demostraron voluntad política para atenerse a las obligaciones contraídas.

Los sistemas de rendición de cuentas deben garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Junto con el Consejo de Europa, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad en la lucha contra la discriminación, la pobreza y la inseguridad.

El año terminó con un gran acontecimiento en materia de rendición de cuentas, que vino a demostrar cómo la lucha de las personas para que se las escuche, se las tenga en cuenta y se las incluya puede dar buenos resultados. El 25 de diciembre, el gobierno de Montenegro reconoció oficialmente su responsabilidad en la «expulsión» de refugiados bosniacos (musulmanes de Bosnia) en 1992. Los familiares de estos refugiados habían entablado procesos contra el gobierno, con el fin de obtener indemnizaciones por la desaparición de sus seres queridos, pero el gobierno había recurrido la decisión de los tribunales cada vez que éstos habían resuelto conceder una indemnización a los familiares. El gobierno bloqueó en la práctica el derecho de las víctimas a obtener resarcimiento y reparación. No obstante, en diciembre informó a los abogados que representaban a las familias de que proporcionaría reparaciones a los 193 afectados por desaparición forzada. Estas personas eran: 9 sobrevivientes del campo de concentración del ejército serbobosnio en Foca; 28 familiares de éstos; 156 mujeres, niñas y niños; y los
progenitores, hermanos y hermanas de 83 hombres que habían sido víctimas de homicidio tras su desaparición forzada amanos de la policía montenegrina para ser entregados a las fuerzas del ejército serbobosnio.

En una carta dirigida a Amnistía Internacional, Dragan y Tea Prelevic, representantes letrados de los familiares de 45 víctimas, manifestaban: «Todos los familiares sienten el alivio de haberse librado de la pesada carga que han significado estos 16 largos años de negativas por parte del Estado, y desde luego piensan que al final se ha hecho justicia en alguna medida. Hemos superado un hito histórico, y esperamos que esto beneficie a todas las víctimas de crímenes de guerra cometidos en Montenegro y en toda la región [...]. Somos muy conscientes de que todas esas mujeres, hombres, niñas y niños desgarrados y valientes no habrían podido llegar hasta aquí sin vuestro apoyo».

Y EN ESPAÑA…

 

Seguían siendo frecuentes los informes de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Continuó utilizándose la detención en régimen de incomunicación. El grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) prosiguió con su campaña de violencia y reivindicó la autoría de cuatro homicidios. Los esfuerzos de las autoridades para controlar la migración, en colaboración con la Unión Europea (UE) y algunos países africanos, pusieron en peligro los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Se abrió y posteriormente se cerró una investigación judicial sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil de 1936-1939 y la dictadura de Franco. El 12 de diciembre, el gobierno adoptó su plan de acción nacional en materia de derechos humanos.  

 

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS:

Se recibieron numerosos informes de tortura y otros malos tratos atribuidos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En abril, el Tribunal Constitucional reiteró la necesidad de llevar a cabo investigaciones efectivas y exhaustivas sobre todas esas denuncias. El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó su preocupación ante la persistencia de las denuncias de tortura y otros malos tratos, unas denuncias que no daban lugar sistemáticamente a investigaciones independientes, prontas y exhaustivas. Algunas autoridades políticas y judiciales seguían afirmando que las denuncias de malos tratos a detenidos acusados de delitos de terrorismo formaban parte de una estrategia para desacreditar al Estado.

“Continuaron denunciándose…casos de tortura y otros malos tratos con un componente racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.”

ABUSOS COMETIDOS POR GRUPOS ARMADOS.

ETA se declaró responsable del homicidio de cuatro personas en 2008 y de numerosos atentados con bombas. El 2 de abril, el diario Gara publicó amenazas de ETA contra miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –en el gobierno–, del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) y de la red pública de radiotelevisión vasca (Euskal Irrati Telebista, EiTB). Dos militares murieron en sendos atentados con bomba, cuya autoría reivindicó ETA, contra un cuartel de la Guardia Civil en mayo y contra una academia del ejército en septiembre.

SEGURIDAD Y MEDIDAS ANTITERRORISTAS

Tanto el relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo como el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por que la definición de terrorismo en algunos artículos del Código Penal español podía incluir actos que no debían englobarse en esta categoría. También reiteraron los llamamientos a España, que se venían haciendo desde hacía tiempo, para que aboliera la legislación que permitía la detención en régimen de incomunicación de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. Siguiendo el ejemplo de las policías autonómicas catalana y vasca, las autoridades estatales anunciaron que se instalarían cámaras de vídeo en los calabozos de la Audiencia Nacional donde se recluía a los detenidos en régimen de incomunicación, como una medida precautoria contra la tortura y otros malos tratos. Sin embargo, su uso no era obligatorio y debía ser solicitado por el juez instructor en cada caso.

Continuó la investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre presuntos vuelos fletados por la CIA para entregas extraordinarias y sobre aviones militares estadounidenses que hicieron escala en aeropuertos militares españoles o atravesaron el espacio aéreo español. El gobierno aportó información a la investigación en relación con varios vuelos con origen o destino en la base estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2007. En diciembre se filtraron a la prensa documentos oficiales de alto secreto, fechados en enero de 2002, que confirmaban que las autoridades españolas del momento habían autorizado con pleno conocimiento el uso de bases militares españolas para el traslado de detenidos a Guantánamo, a petición de las autoridades estadounidenses.

PERSONAS, MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO

Numerosas personas migrantes y solicitantes de asilo seguían arriesgando sus vidas al intentar llegar a España a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres, y sufriendo en el camino los abusos de las redes criminales y de las fuerzas de seguridad. Los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluían garantías adecuadas en materia de derechos humanos. Se creía que la intensa presión ejercida por España y otros países de la UE para impedir la migración irregular era la causa de las detenciones y expulsiones masivas de posibles migrantes irregulares en Mauritania.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

Tres años después de la promulgación de una ley contra la violencia de género, las mujeres que habían sido víctimas de tales abusos continuaban encontrando obstáculos para obtener asistencia médica y acceder a la justicia en algunas partes de España. Las mujeres migrantes en situación irregular se enfrentaban a dificultades especiales. En 2008, según datos del gobierno, 70 mujeres murieron a manos de su pareja o ex pareja; 34 de ellas eran de nacionalidad extranjera.

Sylvina Bassanni y su pareja, Andrés Marzal, murieron a manos del ex esposo de Sylvina el 10 de abril. En septiembre de 2006, Sylvina Bassanni había declarado ante un tribunal que temía por su vida, ya que su ex esposo la había amenazado con matarla en reiteradas ocasiones. También había quebrantado varias veces una orden de alejamiento sin que se hubiera tomado ninguna medida contra él. Sylvina Bassanni pidió al tribunal en otras 28 ocasiones protección y que se adoptasen medidas para investigar los hechos, pero todas sus peticiones fueron rechazadas o quedaron sin respuesta. Seis días después de su muerte, su abogado recibió una notificación en la que el tribunal respondía a sus peticiones, algunas de ellas cursadas hacía
más de un año, y en la que se le comunicaba que la fiscalía había retirado la causa contra su ex esposo.

 

RACISMO

Continuaron denunciándose ataques racistas cometidos por personas a título individual, y casos de tortura y otros malos tratos con un componente racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España era uno de los tan sólo cinco Estados miembros que no publicaban datos oficiales sobre las denuncias y procedimientos penales relacionados con delitos racistas.

DESAPARICIONES FORZADAS

Al concluir el año aún no se habían desarrollado los protocolos de procedimiento y el proceso de localización de fosas que exigía la Ley de Memoria Histórica, promulgada en diciembre de 2007. En octubre, un juez instructor de la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre una cifra estimada de 114.266 desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco. La fiscalía recurrió la apertura del proceso, solicitando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 prevista para todos los delitos con componentes políticos cometidos hasta ese año. También alegó que los presuntos delitos habían prescrito.

El 2 de diciembre, la Audiencia Nacional se declaró no competente para investigar crímenes de esa índole y dio por cerrada la investigación. Sin embargo, el juez instructor falló que los juzgados de instrucción territoriales eran competentes para investigar esos crímenes si se habían cometido en su jurisdicción, y el 26 de diciembre remitió información a varios juzgados territoriales para que continuasen investigando presuntos casos de desapariciones forzadas, así como la sustracción ilegal de 30.960 niños y niñas a sus familias.

Comentarios»

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